Tal vez por el fragor que durante estos días suscita el debate electoral en el país, ha pasado un tanto inadvertido o se le ha prestado poca atención, a la gravedad del escándalo que se vive en Cartagena con lo que parece ser el entrampamiento a la entonces presidenta del Concejo de la ciudad, Gloria Estrada Benavides.

La Policía capturó a la cabildante por el supuesto hallazgo de un kilo de cocaína en el vehículo en el que iba con su pareja sentimental, Martín Barreto, y el productor musical Avelino Villamizar.

El caso ocurrió el 14 de enero pasado en la entrada al tradicional barrio Manga, donde reside Estrada.

Como era de esperarse, el hecho acaparó la atención mediática pues pocas veces la presidente del Concejo de una ciudad grande como Cartagena, cae en andadas de microtráfico como la Policía rotuló el incidente.

Sin embargo, en estos cuatro meses de investigación jurídica se le ha corrido el velo a un episodio que tiende a asemejarse mucho a las intrigas que muestran los filmes de la camorra italiana, y sus enredos politiqueros.

En la trama que se ha mostrado en las audiencias públicas del Juzgado 11 Municipal de Cartagena, aparecen como protagonistas de la confabulación: tres policías, un concejal, un edil, un alcalde menor de la ciudad. Y por supuesto, mucho dinero de por medio.

Es decir, todos los ingredientes para la conspiración cinematográfica de la que se viene hablando.

Entre las cosas que han ido aclarándose, el Juez revocó la medida de aseguramiento que pesaba contra la Concejal, la cual cumplía en su residencia.

Igual decisión fue librada para Martín Barreto y Avelino Villamizar, quienes también habían sido involucrados en el complot.

Una pieza clave en esta investigación ha sido el capitán de la Policía Metropolitana de Cartagena, Iván Darío Cadena.

De acuerdo con audios divulgados en las audiencias, los cerebros de la maniobra serían personas reconocidas que se mueven en el ambiente de la política cartagenera, y que identificó como: Luis Cassiani, Concejal activo de la ciudad; Pedro Aponte, edil vigente; y Andy Reales, alcalde de la localidad 2.

Estas personas habrían sido los financiadores de la conjura, que tiene tintes de rivalidades y venganzas políticas.

El plan consistía en reclutar a unos policías corruptos, darles una buena suma de dinero, que estos se encargaban de lo demás.

Simular un operativo rutinario de requisa de vehículos, ‘sembrar’ el kilo de coca en el carro de la Concejal, capturarla y de paso armar el escándalo en los medios.

Todo salió tan a la perfección que incluso el locuaz alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, no desaprovechó semejante ‘papaya’ para caerle con todo a la Concejal, y de contera a la corporación con la que ha mantenido constantes disputas.

El oficial Iván Darío Cadena reveló como cabeza visible del ‘falso positivo’ al patrullero de la Policía Alexander Salas Mercado, encargado de instalar el paquete de la droga bajo la silla del conductor.

Salas Mercado y dos patrulleros más fueron destituidos de manera fulminante de la Policía.

Según la investigación, los policiales habrían recibido 40 millones de pesos para efectuar el entrampamiento a la Concejal Estrada.

La vinculación de los policías a la artimaña llevó al juez Guido Guevara Herrera a decir en plena audiencia:

“Siento una decepción muy grande porque la Policía representa al Presidente de la República y al Ministro de la Defensa, y es lamentable que se pueda permear a una institución de esa manera, y que unos agentes de policía puedan instrumentalizar a la administración de justicia de esta forma”.

Cassiani, Aponte y Reales convocaron el jueves una rueda de prensa para dar su versión sobre los hechos, pero de manera sorpresiva la suspendieron y se han sumido en un silencio absoluto.

Cassiani ha sido el único que se ha pronunciado sin dar la cara, en una red social dijo: “Todo se lo dejo a Dios”.

Pero ¿qué llevó a estos tres hombres públicos a urdir probablemente una trama de estas características?.

Según las versiones conocidas en la audiencia, que trascendieron a los medios y son comidilla en la ciudad; se trató de una retaliación contra la Concejal por una suspensión de tres meses del cargo que pesó contra el Alcalde menor, Andy Reales.

La medida fue tomada por la Contraloría Distrital de Cartagena en una investigación fiscal por supuestas irregularidades en unos contratos.

Reales es amigo de Cassiani y Aponte, y supuestamente relacionaron a la Concejal porque tiene vínculos políticos con el Contralor. De estas relaciones políticas habría surgido el montaje.

Al conocer todo este entramado que quiso enredarla, la Concejal Estrada en declaraciones al diario El Universal manifestó que durante este tiempo se sintió tranquila.

“Yo siempre esperé justicia porque soy inocente. Esperaba que la audiencia le correspondiera a un juez que fuera ecuánime y desprovisto de cualquier interés ajeno a la justicia. Siempre rogué que la decisión fuera en derecho, que se analizara lo que a gritos decía la prueba y se fallara conforme a eso”, dijo.

Y sobre las declaraciones que dio en su contra el Alcalde Dau, cuando se produjo la captura, agregó.

“Yo no tengo ninguna diferencia con él, nos separan nuestras ideas políticas. Pero no puedo negar que me juzgó, se burló de mí, me condenó, me masacró, me expuso en la palestra pública como la peor criminal e incluso utilizando a mi familia y a mis hijos que deben ser respetados en esta actividad política”.

El tema que sacude las murallas de La Heroica, llega al Portal de los dulces, entra ‘Donde Fidel’, y sigue a Bocagrande y Mandela, apenas va por la mitad, dicen observadores del tema político cartagenero.

El periodista Rodolfo Mejía señala que la audiencia pasada fue para definir la situación jurídica de la Concejal, y que ahora el juzgado viene con todo contra los políticos mencionados y los policías.

El asunto está como para alquilar balcón, con vista al mar, por supuesto.